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jueves, 3 de enero de 2013
Groucho Marx en la Generalitat
Que me pellizquen que no me lo creo. La propia Generalitat, a través del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), dependiente de Presidència, ha dinamitado el contrato que firmaron la Conselleria de Territori i Sostenibilitat con Acciona para la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) por 50 años. En ese acto, hace apenas una semana y mientras el nuevo titular del departamento, Santi Vila, tomaba posesión, la Administración catalana se embolsó casi 300 millones en efectivo y borró de un plumazo casi 1.000 millones de déficit del 2012. Ahora, la propia Generalitat, a través de una entidad que depende de la Presidència, afea la decisión de uno de sus departamentos, admite parte de las reclamaciones de Aigües de Barcelona (Agbar), perdedora del concurso, e invalida la concesión al consorcio liderado por Acciona ¿Se hizo mal la licitación? ¿Es una venganza del núcleo soberanista del Govern contra la decisión del anterior conseller Lluís Recoder, al que ahora pueden culpar del desaguisado? De hecho, personas cercanas al Ejecutivo catalán destacan que el president Artur Mas dejó más solo que acompañado a Recoder en la lucha por mantener el resultado del concurso ¿Tendría razones? Las tuviera o no, la situación ahora es la siguiente: Si Agbar tiene razón, mal. Si la tiene Acciona, también. Cualquier escenario es ya castatrófico. Y no digamos las consecuencias, pese a que el tema a lo mejor puede solventarse con un cambio de titular de la concesión --que pase a manos de Agbar y sus socios--, si no es que la cuestión se enmaraña aún más en los tribunales. En todo caso, la imagen de la Generalitat como organismo público privatizador salta por los aires, tanto si hubo errores en el concurso como si se trata de vendetas políticas. ¿Hubiera sido capaz Groucho Marx de diseñar una situación tan surrealista?
miércoles, 26 de septiembre de 2012
Administración: más cerebro que músculo
Me ha gustado mucho el símil que ha empleado el profesor de Esade y secretario general de esa institución, Francisco Longo, para referirse a las necesidades de una nueva administración pública. "Más cerebro que músculo", afirmó en una sesión organizada por la fundación de la empresa Aigües de Barcelona (Agbar). Y es que, a su entender, el del sector público español no es un problema de tamaño o dimensión. Es más, incluso hay países que le superan en la ratio empleados públicos por habitante. La clave está en quiénes son, qué hacen y cómo están gestionadas las plantillas públicas, afirma. Longo entiende que hay un exceso de mano de obra poco cualificada y carencia de profesionales de alto nivel, que en el sector público se realizan demasiadas actividades que podrían llevar a cabo otros agentes del mercado y una gestión muy rígida y sujeta a vaivenes políticos. En todo caso, las administraciones solo han emulado un mala práctica del sector privado: los contratados suelen ser sobre los que recae la mayoría del trabajo y también son las primeras víctimas --y últimas-- cuando se quiere recortar. El reto es modificar esta estructura tan rígida y politizada. Ninguna de las medidas que se han tomado hasta ahora se han dirigido hacia esos objetivos. "Ha habido recortes, no reformas", avisa Longo. Porque reducir por reducir no es la cuestión. El tema radica en ser eficiente y eficaz. Las estadísticas, que sitúan a los empleados públicos españoles entre los menos eficientes y entre los que menos horas trabajan a la semana, dice el experto, lo indican. Todas las reformas profundas del sector público se han hecho en otros países en momentos de crisis. Tal vez sea hora de hacer algo al respecto ¿no?
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