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domingo, 29 de noviembre de 2015

Fugas empresariales 'ma non troppo'

En las últimas semanas se han producido algunos cambios de domicilios y sedes fiscales de Barcelona a Madrid que han empezado a inquietar. Se ha visto como el inicio de una fuga masiva ante la deriva provocada por el proceso soberanista en Catalunya.

Pero los datos no acaban de corroborarlo. Sin duda, los nombres de cadenas como Derby, cuyo propietario, Jordi Clos es presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, o la de sociedades de Pau Guardans, nieto del político catalanista Francesc Cambó, entre otros, han disparado todas las alarmas. La notoriedad de los protagonistas puede hacer que se magnifique el fenómeno que, en muchas ocasiones, puede tener más una explicación fiscal (pagar menos impuestos) que de pánico ante el proceso independentista iniciado por la variopinta coalición temporal Junts pel Sí y la CUP.

El presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet, lo decía este fin de semana en la XX Trobada d'Economia a S'Agaró. "No hay una fuga masiva, pero depende de cómo evolucionen los acontecimientos", afirmaba. Y es que las empresas quieren no tanto estabilidad, que sí, como previsibilidad. Y no parece esa la característica esencial en la política catalana.

La principal voz de alarma surgió del Cercle d'Economia, entidad para la que la actual inestabilidad puede desembocar en fugas de empresas y capitales. Ante esta inquietud, el 'president' en funciones, Artur Mas, convocó el viernes pasado al la cúpula del Cercle, encabezada por su presidente, Antón Costas, y dos de sus vicerpresidentes, Artur Carulla (Agrolimen) y Josep Oliu (Banc Sabadell). No parece que lograra templar del todo los ánimos, pero el movimiento de Mas se ha visto como un intento de recomponer los puentes de diálogo con buena parte del mundo económico catalán.

Ya hay quien asegura que algunas compañías empiezan a dar más peso a filiales que tiene en el resto de España.Y también hay empresas que guardan en la recámara la opción de cambiar de sede social. Un reciente cambio en la ley de sociedades de capital, a través de una modificación de la normativa concursal lo facilita. Ahora no hace falta que el cambio de sede fuera del municipio se tenga que someter a la aprobación de la junta de accionistas o socios, sino que basta con un acuerdo del consejo de administración, siempre que los estatutos sociales lo permitan. La disposición final primera de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, es la que que da estas opción.

Hay empresarios que consideran que la declaración soberanista aprobada por el Parlament el pasado 9 de noviembre por parte de Junts pel Sí y la CUP signfició una línea roja que desató todas las alarmas. Por el momento, y a la espera de nuevos acontecimientos y utilizando la terminología musical, las fugas empresariales tienen hoy aún un carácter 'ma non troppo'. Pero si la situación empeora, con más inestabilidad y riesgo de incumplimientos legales y mayores enfrentamientos con el Estado, esto podría convertise en 'molto vivace', lo cual sí que sería, no solo para preocuparse sino para echarse a temblar.

viernes, 13 de marzo de 2015

Usted debe 22.104 euros

Malas noticias. Usted debe 22.104 euros. Ni más ni menos que casi un 8% más que un año atrás. Es el resultado de la deuda de las administraciones con la que cargamos en el 2014, según los datos del Banco de España. Si pensaba que con la hipoteca ya tenía suficiente, aquí tiene otra carga con la que no contaba y que, trimestre a trimestre, va 'in crescendo'.

Y otro factor que empeora las cosas: La deuda pública cada vez es mayor, mientras que la población decrece. Un dato: en 2014 éramos 46,7 millones de habitantes, con un pasivo de las administraciones públicas de 1,033 billones, equivalente al 97,7% de toda la riqueza que se genera al año en el país. En resumen, debemos casi todo lo que producimos en un año.

Lo peor de todo es que en diciembre del 2013 éramos 47,1 millones de habitantes, 358.000 más y debíamos 966.170 millones, el 92,1% del PIB o casi 70.000 millones menos. Por tanto, éramos más a repartir una carga que era menor. Ahora la deuda es mucho mayor y la población menor. No es una evolución como para echar las campanas al vuelo.

Una de las claves para soportar las deudas es poder pagarlas. Eso solo se cura con crecimiento que genere recaudación y, por ahora, parece que el dinamismo empieza a llegar. Pero más vale que nos demos prisa porque no sé si bastará. Hace un año debíamos 20.500 euros por cabeza y ahora son 22.104.

Y no digamos en Catalunya. Cada ciudadano de esta comunidad, por el mero hecho de ser catalán, debe 8.574 euros, mientras que un año atrás debía 7.702. Cuanto menor sea la deuda de la autonomía, menor será la proporción de carga que soportorán sus ciudadanos. Por ejemplo, en Madrid, una comunidad con un peso económico muy parecido al de Catalunya y alrededor de un millón de habitantes menos, cada ciudadano debe  3.806 euros, unos 400 más que el año anterior, en el que el pasivo era de 3.402.

Esa es la sustancial diferencia entre tener una cantidad u otra de deuda. Será por un sistema de financiación mal diseñado, por mala gestión del gobierno autonómico o probablemente por una combinación de ambos factores, pero lo cierto es que un catalán, por el mero hecho de serlo, tiene una deuda 2,25 veces mayor que la de un madrileño, que carga con la menor proporción de deuda con respecto a su riqueza que el ciudadano de cualquier otra comunidad ¿Tendrá algo que ver en ello el efecto-capital? Por cierto solo se le aproxima Euskadi, que tiene el concierto económico.

viernes, 26 de diciembre de 2014

Cero interés

Pues muy bien. Tras bajar el Estado al 1% el interés al que presta el dinero a las autonomías sujetas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) desde octubre pasado, ahora lo ha bajado al 0%. Perfecto. Desde luego mejor es ninguna carga financiera que tener que pagar una, por bajo que sea el interés. Pero ¿por qué se produce esta situación? Supondrá, por supuesto, un ahorro con respecto a la asfixia autonómica actual, pero no olvidemos que el origen de todo, aunque es verdad que también ha habido despilfarro e imitación compulsiva de la elefantiasis de la Administración central, nace de la infrafinanciación de comunidades como Catalunya, Madrid, Valencia o Baleares. En resumen, que aportan mucho más de lo que reciben. Y eso hay que corregirlo. En cualquier circunstancia de la vida normal se haría. Está bien ayudar, pero no llegar incluso a empobrecerse para que el otro mejore. Desde luego no deja de sorprender que el dinero con el que el Estado financia las escaseces de estas autonomías se convierta en préstamos con interés. Lo que hace, en el fondo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es darles a los territorios unos recursos que en buena parte les corresponden, pero como acreedor y en forma de crédito. Como un banco. Chocante. Traten de explicárselo a cualquier analista anglosajón (muy pragmáticos ellos) o a cualquier persona con un poco de sentido común. Entiendo que la condonación de intereses decidida por el Gobierno del PP viene a ser el reconocimiento de una anomalía, pero a medias, con la boca muy pequeña, porque los recursos tendrán que devolverse y no se atisba una solución estable ¿No sería mejor haber acordado de una vez un modelo de financiación más suficiente para las autonomías, con un grado de solidaridad, pero dentro de la lógica y con una mayor vinculación entre lo que se aporta y lo que se recibe, señor Montoro? La solución, como siempre, un parche para salir del paso y vender ante Bruselas el cumplimiento del déficit, pero sin estabilidad y con mucho control y dominio de las comunidades por parte del Estado, convertidas prácticamente en entes administrativos sin capacidad de decisión ni autonomía financiera. Llaménme malpensado, pero a lo mejor es eso lo que busca el Gobierno de Mariano Rajoy. Ah! sí, y cero interés.

jueves, 6 de marzo de 2014

Las balanzas fiscales y las tripas

Era de prever.Utilizar y retorcer los datos para obtener la respuesta que uno busca es demasiado tentador. Cuando parecía existir un cierto consenso en que había unas autonomías que aportaban más de lo que recibían y otras que recibían más que lo que aportaban, el gobierno de Extremadura se ha encargado de introducir un nuevo elemento de confusión al comparar la renta per cápita con lo recibido con el sistema de financiación autonómica, pero añadiendo los recursos ajenos al modelo. Et Voilà: Catalunya es la comunidad mejor financiada. El ejecutivo extremeño suma a los recursos procedentes del modelo de financiación autonómica --un dinero muy inferior al que aportaron los catalanes en forma de impuestos, como sucede también en Madrid, Baleares o la Comunidad Valenciana-- los del fondo de liquidez autonómica (FLA) y los del plan de proveedores. Pero es que resulta que estos son préstamos sujetos a un interés. Es cierto que la vivienda que poseo y que adquirí con una hipoteca forma parte de mi patrimonio, pero aún carga con una deuda. Por eso el gobierno extremeño hace trampas porque además no ha calculado una balanza fiscal, es decir, el resultado de los flujos financieros entre un su territorio y el Estado. Lo que ha hecho es mezclar datos en una coctelera, no para determinar si lo que recibe se ajusta a lo que aporta y viceversa, sino para demostrar supuestos agravios de comunidad pobre frente a otra rica. Y, en esencia ¿no será que Extremadura no ha tenido que endeudarse porque recibe más recursos que los que le corresponden por lo que ha aportado? Creo que ni el más recalcitrante de los nacionalistas niega la necesidad de que hayan transferencias de recursos de unas comunidades a otras. Pero parece que ha llegado al ahora de establecer ciertos límites o reglas, con luces y taquígrafos sin la niebla actual que propicia los juegos de manos dialécticos y actuar con la emoción o las tripas en vez de con la cabeza. El problema es que este partido carece de árbitro, de alguien que centre el debate. Ese es el papel que debería ejercer el Gobierno central, pero parece poco dispuesto a hacerlo. De hecho fue el que provocó el incendio actual al negar inicialmente la publicación de las balanzas fiscales y luego anunciar que crearía un nuevo método basado en el trabajo de un grupo de expertos del que forma parte Ángel de la Fuente, del CSIC. Cabe esperar poca neutralidad de un árbitro que tiende hacia uno de los puntos de vista en liza. Y es que el fondo de la cuestión es mucho más sencillo: ¿Se cree o no en las comunidades como entes con autonomía fiscal? Si el criterio es que las que pagan impuestos son las personas, como afirman los dictados del PP y de su think-tank, la FAES, y no los territorios nos parecemos más a Francia que a Alemania. Pero entonces alguien tendrá que explicar que el objetgivo es ese y que las autonomías deberán tender a ser gestorías más que unidades políticas con capacidad de decisión.