Abrochémonos el cinturón porque las cuentas no cuadran. La crisis del ladrillo está dando un buen mordisco a los presupuestos autonómicos. Las comunidades están ingresando en torno a la mitad que hace un año por tributos relacionados con la actividad residencial --impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD)--. Esos más de 2.000 millones que han perdido las arcas territoriales en solo un trimestre y que amenazan con ser al menos 8.000 millones de euros en el conjunto del año-- ¿cómo se compensarán? El sentido común dice que solo hay dos vías: más ingresos, o sea, incrementos impositivos --el IVA u otros-- o bien recorte de gastos --¿cuáles?--. La tercera vía sería una mezcla de ambas, es decir, alguna alza impositiva invisible, como los gravámenes sobre los carburantes --aunque no parece el momento más propicio-- o las tasas --que siempre están ahí como recurso de emergencia-- , combinada con ajustes en determinados capítulos del gasto --por ejemplo la congelación salarial de los funcionarios, lo cual parece también complejo-- y partidas menos sensibles que las prestaciones sociales. Me decía ayer el representante de una autonomía que, en momentos de crisis y en una fase en la que hay que acometer una reforma del sistema de financiación autonómica, no arrendaba la ganancia al vicepresidente económico, Pedro Solbes. Eso es como decir que lo tiene crudo, igual que el petróleo, que no deja de subir y nos lo encarece todo. En definitiva, si las cosas no cambian en breve, me temo que si no cuadran las cuentas, el Gobierno, de una forma u otra, nos va a hacer devolver los 400 euros que nos prometió, porque, no nos engañemos, el dinero que pierden las autonomías acabará saliendo de la misma caja de siempre, bueno, perdón, de los mismos bolsillos.
