La prima de riesgo --esa variable que expresa el diferencial que hay que pagar por la deuda española con respecto a la alemana-- no era solo patrimonio del anterior presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, también tiene la suya. Cuando en noviembre del año pasado, al final de la legislatura socialista, ese indicador superó el umbral de los 460 puntos básicos, había quien se frotaba las manos. "Con un cambio de Gobierno eso cambiará", se decían. Y, ciertamente, la tregua se produjo. Pero el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para este año, primero; y el anuncio de recortes inconcretos en sanidad y educación, segundo han vuelto a despertar a la prima. Y es que los mercados son difíciles de convencer, como ya comprobó Zapatero. Pensemos que, en realidad, no son más que acreedores; y ante el panorama de recortes que se avecina dudan de que la economía española tenga la capacidad suficiente para crecer y, por tanto, para generar recursos con los que pagar sus deudas. ¿Por qué tendrían que comprarla por tanto? No basta con las señales, a veces difusas, otras confusas, por parte del un gobierno presidido por un Mariano Rajoy que parece ausente, sino que hay que concretar. Y tomar medidas creíbles y cuantificables y que, a la vez contribuyan a estimular la economía. Que si una amnistía fiscal con la que prevén recaudar 2.500 millones --¿Cómo?--, que si recortes en sanidad o educación, que son competencia de las autonomías... El acreedor exige garantías, pagarés, no solo promesas y sonrisas como las que se le ofrecen.
