Que me pellizquen que no me lo creo. La propia Generalitat, a través del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), dependiente de Presidència, ha dinamitado el contrato que firmaron la Conselleria de Territori i Sostenibilitat con Acciona para la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) por 50 años. En ese acto, hace apenas una semana y mientras el nuevo titular del departamento, Santi Vila, tomaba posesión, la Administración catalana se embolsó casi 300 millones en efectivo y borró de un plumazo casi 1.000 millones de déficit del 2012. Ahora, la propia Generalitat, a través de una entidad que depende de la Presidència, afea la decisión de uno de sus departamentos, admite parte de las reclamaciones de Aigües de Barcelona (Agbar), perdedora del concurso, e invalida la concesión al consorcio liderado por Acciona ¿Se hizo mal la licitación? ¿Es una venganza del núcleo soberanista del Govern contra la decisión del anterior
conseller Lluís Recoder, al que ahora pueden culpar del desaguisado? De hecho, personas cercanas al Ejecutivo catalán destacan que el
president Artur Mas dejó más solo que acompañado a Recoder en la lucha por mantener el resultado del concurso ¿Tendría razones? Las tuviera o no, la situación ahora es la siguiente: Si Agbar tiene razón, mal. Si la tiene Acciona, también. Cualquier escenario es ya castatrófico. Y no digamos las consecuencias, pese a que el tema a lo mejor puede solventarse con un cambio de titular de la concesión --que pase a manos de Agbar y sus socios--, si no es que la cuestión se enmaraña aún más en los tribunales. En todo caso, la imagen de la Generalitat como organismo público privatizador salta por los aires, tanto si hubo errores en el concurso como si se trata de vendetas políticas. ¿Hubiera sido capaz Groucho Marx de diseñar una situación tan surrealista?
