domingo, 29 de noviembre de 2015

Fugas empresariales 'ma non troppo'

En las últimas semanas se han producido algunos cambios de domicilios y sedes fiscales de Barcelona a Madrid que han empezado a inquietar. Se ha visto como el inicio de una fuga masiva ante la deriva provocada por el proceso soberanista en Catalunya.

Pero los datos no acaban de corroborarlo. Sin duda, los nombres de cadenas como Derby, cuyo propietario, Jordi Clos es presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, o la de sociedades de Pau Guardans, nieto del político catalanista Francesc Cambó, entre otros, han disparado todas las alarmas. La notoriedad de los protagonistas puede hacer que se magnifique el fenómeno que, en muchas ocasiones, puede tener más una explicación fiscal (pagar menos impuestos) que de pánico ante el proceso independentista iniciado por la variopinta coalición temporal Junts pel Sí y la CUP.

El presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet, lo decía este fin de semana en la XX Trobada d'Economia a S'Agaró. "No hay una fuga masiva, pero depende de cómo evolucionen los acontecimientos", afirmaba. Y es que las empresas quieren no tanto estabilidad, que sí, como previsibilidad. Y no parece esa la característica esencial en la política catalana.

La principal voz de alarma surgió del Cercle d'Economia, entidad para la que la actual inestabilidad puede desembocar en fugas de empresas y capitales. Ante esta inquietud, el 'president' en funciones, Artur Mas, convocó el viernes pasado al la cúpula del Cercle, encabezada por su presidente, Antón Costas, y dos de sus vicerpresidentes, Artur Carulla (Agrolimen) y Josep Oliu (Banc Sabadell). No parece que lograra templar del todo los ánimos, pero el movimiento de Mas se ha visto como un intento de recomponer los puentes de diálogo con buena parte del mundo económico catalán.

Ya hay quien asegura que algunas compañías empiezan a dar más peso a filiales que tiene en el resto de España.Y también hay empresas que guardan en la recámara la opción de cambiar de sede social. Un reciente cambio en la ley de sociedades de capital, a través de una modificación de la normativa concursal lo facilita. Ahora no hace falta que el cambio de sede fuera del municipio se tenga que someter a la aprobación de la junta de accionistas o socios, sino que basta con un acuerdo del consejo de administración, siempre que los estatutos sociales lo permitan. La disposición final primera de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, es la que que da estas opción.

Hay empresarios que consideran que la declaración soberanista aprobada por el Parlament el pasado 9 de noviembre por parte de Junts pel Sí y la CUP signfició una línea roja que desató todas las alarmas. Por el momento, y a la espera de nuevos acontecimientos y utilizando la terminología musical, las fugas empresariales tienen hoy aún un carácter 'ma non troppo'. Pero si la situación empeora, con más inestabilidad y riesgo de incumplimientos legales y mayores enfrentamientos con el Estado, esto podría convertise en 'molto vivace', lo cual sí que sería, no solo para preocuparse sino para echarse a temblar.

viernes, 20 de noviembre de 2015

Independencia con dependencia

No hay duda. Catalunya se encuentra inmersa en un proceso hacia la independencia sin herramientas financieras ni oxígeno en forma de liquidez. Es decir, sea por uno otro motivo, es totalmente dependiente del Estado. Curiosa paradoja.

La resolución secesionista aprobada por Junts pel Sí y la CUP no hizo más generar desconcierto. El Cercle d'Economia, un foro de opinión en el que caben múltiples ideologías, lo acaba de constatar: o estabilidad o elecciones, ha reclamado. Incluso ha alertado de que la actual situación retiene la inversión e incluso provoca huídas de sedes empresariales o puede incluso aumentarlas. Uno de los últimos ejemplos, aunque los implicados lo hayan desvinculado del proceso soberanista, es la cadena hotelera Derby, de la familia Clos, cuyo patriarca es, a su vez presidente del Gremio de Hoteleros de Barcelona.  

Y en este contexto, el Gobierno central trata de que se visualice aún más la pobre situación financiera de de las arcas de la Generalitat. No solo es propietaria de más del 50% de la deuda catalana sino que esa proporción se encamina ya a cerca de 60 de cada 100 euros de pasivo. Y ahora además impone nuevas condiciones para abrir la espita del oxígeno.

Es evidente que el sistema de financiación autonómica, que en su día llegó a defender incluso la antigua CiU, no es la mejor de las herramientas para disponer de los recursos que se requieren, pero tampoco la gestión del Govern ha sido la mejor.

El primer Ejecutivo de Artur Mas se encontró con una deuda que apenas llegaba a 30.000 millones de euros tras dos legislaturas de tripartito, y en la actualidad, cuando una parte de lo que era CiU se ha integrado en Junts pel Sí y aún no hay un Govern constituído, se acerca a los 70.000 millones después de dos minilegislaturas convergentes ('minis' porque en ninguno de los dos periodos ha llegado a los cuatro años). Y eso después de ser uno de los gobiernos más aplicados en aplicar recortes, especialmente entre el 2010 y el 2012.

El Gobierno central parece poco dispuesto a emprender un camino de diálogo, que claman incluso algunos de los más críticos con el proceso independentista. Y menos a un mes de unas elecciones generales. Como acreedor enseña sus músculos. Pero, tampoco el Ejecutivo catalán en funciones está en disposición de dar lecciones ni de coherencia ni de gestión ¿Resultado? Elecciones el 20-D y, en función del resultado, posiblemente otras en Catalunya poco después.