Sanidad de peaje

Nadie puede negar a Catalunya haber sido la pionera en imponer peajes en las autopistas en España. Fue una forma de tener unas infraestructuras que, de lo contrario, o no se hubieran tenido nunca o se hubiera tenido que esperar mucho tiempo para disfrutarlas. Ahora, el gobierno que encabeza Artur Mas se plantea permitir que las aseguradoras puedan usar la instalaciones de la red pública del Institut Català de Salut (ICS) para desarrollar sus actividades --acambio de unas tarifas, se entiende-- Lo que puede parecer una medida para aumentar ingresos en periodo de penuria tiene una trascendencia mucho mayor. Por un lado, puede afectar al negocio de las propias aseguradoras y no digamos a las clínicas privadas. Muchos de sus clientes se preguntarán: ¿Por qué contratar una póliza para que me traten en un hospital público si ya puedo utilizarlo igualmente sin pagar un extra? Pero ese no es el mayor problema. La red pública tiene listas de espera ¿Acaso quienes contraten un seguro privado se las podrán saltar? Si es así, la cuestión roza la injusticia y el escándalo mayúsculo, pues quien no tenga seguro privado tendrá que esperar el tiempo que se le asigne, que pueden ser muchos meses. En cambio, quien contrate una de estas pólizas será atendido más rápidamente en las mismas instalaciones en las que, de no tener ese contrato, debería esperarse. El Govern de la Generalitat tiene que aclarar muy bien cómo piensa desarrollar y poner en marcha esa medida integrada en el anteproyecto de la denominada ley omnibús para racionalizar la administración pública. Si no lo hace, el omnibús se puede convertir en un verdadero misil, por no decir en una bomba atómica.