Reforma fiscal y trilerismo

El informe de la comisión de expertos para la reforma fiscal es un catálogo. Aporta 125 ideas de cambios, pero en el fondo, propone cosas que el Gobierno piensa pero no se atreve a decir. Es, por tanto, un escudo protector para el Ejecutivo, que lo vende como una guía llena de verdades absolutas a la que recurrir si llueven las críticas. En esencia se opta por cambiar la estructura tributaria y porque acaben pagando más quienes menos tienen ¿Por qué? Por el aumento del peso en los impuestos indirectos, como el IVA, que se pagan independientemente de la renta o el incremento del IBI. No es lo mismo pagar un 21% cada vez que gasta alguien que gana 1.000 euros al mes que otro que ingresa más de 6.000. Cuestión de proporciones. Los expertos defienden una bajada del IRPF (una medida muy visible a través de unas menores retenciones en las nóminas en el 2015, año de elecciones generales), que es el impuesto teóricamente progresivo (a mayores ingresos, más impuestos, aunque el sistema ya se ha encargado de facilitar que los del extremo alto tengan todo tipo de vías para tributar menos de forma legal). Pero es que, como dicen en el informe, el efecto recaudatorio de la reforma ha de ser neutro porque hay que cumplir con el déficit marcado por Bruselas, es decir, el Estado no puede dejar de ingresar ni un céntimo. Y para ello optan por los impuestos más invisibles a simple vista, como el IVA. La percepción del ciudadano será la de que le meten más dinero en el bolsillo para que pueda gastar más justo cuando tiene que acudir a las urnas (¡gracias presidente Rajoy!). El Gobierno así trata de dar la imagen de que cumple con sus compromisos de bajar impuestos en año de elecciones, aunque sea tarde y después de no haber hecho más que subirlos desde que llegó al poder. Pero no cuenta que la contrapartida será que cuando el ciudadano de a pie al que le han metido unos euros de más en su bolsillo llene el carrito de la compra se los dejara en esa transacción, si no es que además tiene que añadir alguno más. Los ingresos totales se deben mantener estables en torno al 37% o 38% del producto interior bruto (PIB), explican los sabios en el informe. Por eso, una rebaja de unos 3.000 millones en las rentas del capital y otros 7.000 en las del trabajo debe compensarse con una subida de unos 10.000 millones en el IVA y otros gravámenes indirectos. De hecho es una trasvase, auténtico trilerismo del Estado: lo que pierde por un lado, lo gana por el otro. Y ¿quiénes pagan? Pues los de siempre porque, según cuenta el mismo informe, uno de los pilares contra el fraude fiscal es "reducir los tipos de gravamen y la fuerte progresividad de algunas tarifas tributarias, huyendo de los tipos legales altos y de las tarifas fuertemente progresivas". De esta forma, a quienes eluden el pago de impuestos ya no les compensa el riesgo de hacerlo. Pero, y digo yo ¿es que se les persigue? ¿Es que no les seguirá atrayendo más no pagar nada que tributar aunque sea un céntimo?

Las balanzas fiscales y las tripas

Era de prever.Utilizar y retorcer los datos para obtener la respuesta que uno busca es demasiado tentador. Cuando parecía existir un cierto consenso en que había unas autonomías que aportaban más de lo que recibían y otras que recibían más que lo que aportaban, el gobierno de Extremadura se ha encargado de introducir un nuevo elemento de confusión al comparar la renta per cápita con lo recibido con el sistema de financiación autonómica, pero añadiendo los recursos ajenos al modelo. Et Voilà: Catalunya es la comunidad mejor financiada. El ejecutivo extremeño suma a los recursos procedentes del modelo de financiación autonómica --un dinero muy inferior al que aportaron los catalanes en forma de impuestos, como sucede también en Madrid, Baleares o la Comunidad Valenciana-- los del fondo de liquidez autonómica (FLA) y los del plan de proveedores. Pero es que resulta que estos son préstamos sujetos a un interés. Es cierto que la vivienda que poseo y que adquirí con una hipoteca forma parte de mi patrimonio, pero aún carga con una deuda. Por eso el gobierno extremeño hace trampas porque además no ha calculado una balanza fiscal, es decir, el resultado de los flujos financieros entre un su territorio y el Estado. Lo que ha hecho es mezclar datos en una coctelera, no para determinar si lo que recibe se ajusta a lo que aporta y viceversa, sino para demostrar supuestos agravios de comunidad pobre frente a otra rica. Y, en esencia ¿no será que Extremadura no ha tenido que endeudarse porque recibe más recursos que los que le corresponden por lo que ha aportado? Creo que ni el más recalcitrante de los nacionalistas niega la necesidad de que hayan transferencias de recursos de unas comunidades a otras. Pero parece que ha llegado al ahora de establecer ciertos límites o reglas, con luces y taquígrafos sin la niebla actual que propicia los juegos de manos dialécticos y actuar con la emoción o las tripas en vez de con la cabeza. El problema es que este partido carece de árbitro, de alguien que centre el debate. Ese es el papel que debería ejercer el Gobierno central, pero parece poco dispuesto a hacerlo. De hecho fue el que provocó el incendio actual al negar inicialmente la publicación de las balanzas fiscales y luego anunciar que crearía un nuevo método basado en el trabajo de un grupo de expertos del que forma parte Ángel de la Fuente, del CSIC. Cabe esperar poca neutralidad de un árbitro que tiende hacia uno de los puntos de vista en liza. Y es que el fondo de la cuestión es mucho más sencillo: ¿Se cree o no en las comunidades como entes con autonomía fiscal? Si el criterio es que las que pagan impuestos son las personas, como afirman los dictados del PP y de su think-tank, la FAES, y no los territorios nos parecemos más a Francia que a Alemania. Pero entonces alguien tendrá que explicar que el objetgivo es ese y que las autonomías deberán tender a ser gestorías más que unidades políticas con capacidad de decisión.