Era de prever.Utilizar y retorcer los datos para obtener la respuesta que uno busca es demasiado tentador. Cuando parecía existir un cierto consenso en que había unas autonomías que aportaban más de lo que recibían y otras que recibían más que lo que aportaban, el gobierno de Extremadura se ha encargado de introducir un nuevo elemento de confusión al comparar la renta per cápita con lo recibido con el sistema de financiación autonómica, pero añadiendo los recursos ajenos al modelo.
Et Voilà: Catalunya es la comunidad mejor financiada. El ejecutivo extremeño suma a los recursos procedentes del modelo de financiación autonómica --un dinero muy inferior al que aportaron los catalanes en forma de impuestos, como sucede también en Madrid, Baleares o la Comunidad Valenciana-- los del fondo de liquidez autonómica (FLA) y los del plan de proveedores. Pero es que resulta que estos son préstamos sujetos a un interés. Es cierto que la vivienda que poseo y que adquirí con una hipoteca forma parte de mi patrimonio, pero aún carga con una deuda. Por eso el gobierno extremeño hace trampas porque además no ha calculado una balanza fiscal, es decir, el resultado de los flujos financieros entre un su territorio y el Estado. Lo que ha hecho es mezclar datos en una coctelera, no para determinar si lo que recibe se ajusta a lo que aporta y viceversa, sino para demostrar supuestos agravios de comunidad pobre frente a otra rica. Y, en esencia ¿no será que Extremadura no ha tenido que endeudarse porque recibe más recursos que los que le corresponden por lo que ha aportado? Creo que ni el más recalcitrante de los nacionalistas niega la necesidad de que hayan transferencias de recursos de unas comunidades a otras. Pero parece que ha llegado al ahora de establecer ciertos límites o reglas, con luces y taquígrafos sin la niebla actual que propicia los juegos de manos dialécticos y actuar con la emoción o las tripas en vez de con la cabeza. El problema es que este partido carece de árbitro, de alguien que centre el debate. Ese es el papel que debería ejercer el Gobierno central, pero parece poco dispuesto a hacerlo. De hecho fue el que provocó el incendio actual al negar inicialmente la publicación de las balanzas fiscales y luego anunciar que crearía un nuevo método basado en el trabajo de un grupo de expertos del que forma parte Ángel de la Fuente, del CSIC. Cabe esperar poca neutralidad de un árbitro que tiende hacia uno de los puntos de vista en liza. Y es que el fondo de la cuestión es mucho más sencillo: ¿Se cree o no en las comunidades como entes con autonomía fiscal? Si el criterio es que las que pagan impuestos son las personas, como afirman los dictados del PP y de su
think-tank, la FAES, y no los territorios nos parecemos más a Francia que a Alemania. Pero entonces alguien tendrá que explicar que el objetgivo es ese y que las autonomías deberán tender a ser gestorías más que unidades políticas con capacidad de decisión.
