Suscribo plenamente lo que afirma Carmen Monforte en
Cinco Días. Probablemente nos encaminamos hacia una nueva burbuja. En este caso será la energética, la relacionada con la electricidad. Una nefasta regulación a lo largo de los años, que comenzó con el que fuera vicepresidente económico con el PP, Rodrigo Rato, e inacciones por parte de los posteriores gestores de la política energética, socialistas y populares, así como soluciones que más que resolver han puesto parches e incluso empeorado los problemas pueden provocar el pinchazo de la burbuja. El aire de este globo está formado por unos 30.000 millones de euros que los consumidores debemos supuestamente a las eléctricas por servicios prestados en el pasado. Así está establecido y reconocido por ley. Algo realmente incomprensible para cualquier hijo de vecino. Y, por si fuera poco, ha empezado 2014 y los promotores de energías renovables carecen aún de un marco regulatorio y retributivo. Es más, en muchos casos, temen que tendrán que devolver los ingresos que reciben una vez que el Gobierno haya establecido su nueva fórmula retributiva con carácter retroactivo. Un ejemplo palmario de inseguridad jurídica, dicho sea de paso, que ha hecho que inversores extranjeros hayan llevado al reino de España ante organismos internacionales como el CIADI, dependiente del Banco Mundial.
Se puede ver en esta lista de casos pendientes. por parte de este organismo arbitral. Y es que una vez que creemos superada o muy adelantada la reestructuración financiera, aunque el crédito brille por su ausencia, esta podría verse truncada por la exposición de la banca al sector renovable que, según diversas fuentes,
podría superar los 40.000 millones de euros. Casi nada. Déficit de tarifa, exposición bancaria... Una auténtica mezcla explosiva, solventada hasta ahora con patadas hacia adelante hasta que el balón es tan gigantesco que ya no hay quien lo mueva. Y, como guinda del pastel, una tarifa eléctrica intervenida en diciembre de forma burda y chapucera no por justicia sino para evitar un estallido social y retener votos, pero que podría significar solo haber retrasado hasta la revisión de abril un incremento muy fuerte. Otro patadón hacia adelante y que, para rematar, podría provocar demandas por parte de los operadores de la subasta para fijar el precio de la parte liberalizada de la luz que fue invalidada. Un horror de alto voltaje, vamos.
