Y no lo digo por la Generalitat, que ha presentado este martes los suyos para lo que resta de ejercicio y cuyos ingresos están sujetos en gran medida a la discrecionalidad de los cálculos del Estado al determinar las cantidades que anticipará por los impuestos compartidos, como el IRPF o el IVA; si no como apreciación genérica.
Un ejemplo son las cuentas que dejó aprobadas el PP antes de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Nadie se las creía. Ni siquiera el propio Gobierno, pero las esgrimió como herramienta de estabilidad, seriedad y credibilidad. Nada más lejos de la realidad, como ya adelantó Bruselas y luego confirmaron los hechos. Los ajustes necesarios ya los llevará a cabo a quien le corresponda formar gabinete tras los comicios del 26 de junio, con cuatro años de legislatura por delante, al menos en teoría. Una forma de actuar muy habitual: patada hacia delante y ya veremos.
Y lo digo porque todo el mundo sabe que los presupuestos son cada vez más fieles a su propio nombre y se alejan, por tanto, a pasos agigantados de la seriedad. Una forma de que las autonomías puedan presentar unas cuentas más creíbles sería reformar el sistema de financiación, caducado desde hace dos años. Pero el Gobierno central ha preferido no abrir ese frente y seguir con una fórmula que todo el mundo sabe que no funciona.
En este contexto o bien se opta por decir que no hay quien cuadre los números, incluir ingresos que no se cree ni quien los redacta o elaborar un proyecto que, al menos sobre el papel, cumpla con los criterios establecidos, por ejemplo un déficit del 0,7% del PIB por parte de las autonomías. Es lo que ha hecho el equipo de Oriol Junqueras, el vicepresidente y 'conseller' de Economia de la Generalitat. Y eso en un contexto de crecimiento, pero con desaceleración con respecto al año pasado y complaciendo además a la CUP, que se autodefine como fuerza radical, de izquierdas y antisistema. Lo dicho, un presupuesto.
