Llámenme demagogo, pero la amnistía fiscal es una auténtica injusticia.
Y ahora encima se les dan todas las facilidades a los defraudadores. Es un incentivo de lo más perverso. Una vez que hemos presentado la declaración de la renta nos enteramos de que Hacienda se esfuerza al máximo para que prospere una medida de gracia que lanzó de forma improvisada y que quebranta el principio de igualdad. No solo se dan todas las facilidades a los potenciales beneficiarios de la amnistía, por culpa de quienes los ingresos públicos son inferiores a los que deberían ser,
sino que en una orden de la dirección general de Tributos se les garantiza que no habrá inspecciones sobre los activos que afloren a través de la declaración tributaria especial que pueden presentar hasta el 30 de noviembre. En economía hay un principio esencial: Se funciona a base de incentivos, pero estos deben estar bien enfocados porque, de lo contrario, pueden ser perversos. Recordemos si no las opciones sobre acciones de los directivos de empresa, que hicieron que les preocupara más que subiera el valor de los títulos de la compañía --lo que les otorgaba una mayor retribución-- que la propia gestión y solvencia de la misma. Pues lo mismo sucede con la amnistía fiscal: Si un día u otro me perdonarán o me dejarán regularizar mi situación a cambio de un pequeño coste ¿para qué pagar la cantidad que corresponde y cuando corresponde? se dirán muchos. He ahí la perversidad de la medida. Por más que el Estado requiera fondos no todo vale para conseguirlos. Además, es como si se claudicara y se admitiera la impotencia para combatir el fraude fiscal. Y es que no todo vale. Quizá exagero, pero la amnistía fiscal sería equivalente a permitir el esclavismo con el pretexto de que la prioridad es crear empleo.
