Es una cantidad gigantesca. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo achaca a las autonomías, pero sabe bien que estas era casi imposible que pudieran cumplirlo.
La Administración Central se reservó alrededor del 70% del margen de déficit, como ha hecho en ejercicios anteriores; y dejó a las autonomías, que dedican la mayor parte de sus recursos a la sanidad, educación y gastos sociales; así como a la Seguridad Social y a los ayuntamientos sin apenas capacidad de maniobra.
Así, el Estado, con este sistema, un modelo de financiación autonómica que requiere revisión y que debería haberse reformado en el 2014 e hinchando las previsiones de ingresos a conveniencia, como hizo por ejemplo con las cotizaciones sociales, se garantizaba una buena nota. Y a la vez podía culpar a terceros de los desvíos en las cuentas públicas. "Han sido las autonomías, profesor", podía decir a Bruselas. Aunque sea cierto que las comunidades no pueden considerarse tampoco un modelo de buena gestión, ya conocen el viejo refrán: quién parte y reparte, se lleva la mejor parte.
Pero existe otro elemento destacable: la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Todo el mundo, incluidas las autoridades de Bruselas, afirmaron que la medida, de carácter meramente electoralista, iba a suponer un desvío con respecto al déficit comprometido y significaba una falta de rigor y disciplina que contrastaba con el discurso oficial y público del Gobierno.
El Ejecutivo del PP lo negó e insistió en que la rebaja, que incluso aceleró con respecto al calendario que había previsto por la proximidad de las elecciones generales, y afirmó que, apenas se notaría porque todo ello estimulaba el crecimiento y la recaudación. Pues bien, se ha notado. Y mucho. Por más que Montoro y el Ejecutivo en funciones lo niegue y se esfuerce en culpar a terceros.
Viendo cómo ha acabado la cosa y que realmente estábamos ante la crónica de una muerte anunciada solo se me ocurren dos cosas que justifiquen la manera de proceder del Ejecutivo: o bien el PP estaba seguro de que iba a ganar las elecciones o de que la rebaja fiscal le iba a permitir ganarlas y, por tanto, dejar posibles ajustes para una nueva legislatura con tres o cuatro años por delante; o bien le importaba poco dejar unas cuentas absolutamente descuadradas y necesitadas de nuevos recortes o subidas de impuestos ante la posibilidad de perder los comicios. En resumen y ya que echamos mano de los refranes, el Gobierno aplicó el viejo lema: "para lo que me queda en el convento....". Malo lo uno, peor lo otro e incalificable si en realidad era una combinación de ambas estrategias.
