Pensiones en el país de los salarios menguantes

¿Será verdad que, de una vez por todas, el Congreso cogerá el toro por los cuernos en materia de pensiones?

¿Nadie se esperaba que la caja de la Seguridad Social registraría el mayor déficit de la historia con un mercado laboral en el que el salario medio de los nuevos contratos es inferior a la pensión media?

La tan cacareada reforma laboral es posible que haya contribuido a generar nuevos empleos. Pero, en general, con salarios bajos, que elevan incluso al mileurista a la categoría de privilegiado, y con elevada precariedad.

Eso, además de nimias perspectivas de futuro y de proyecto de vida, supone a su vez menores cotizaciones sociales y, por tanto, infrafinanciación de la Seguridad Social. Un gran cocktail para solventar los problemas financieras que acucian al sistema.

El otro día me contaban el caso de un joven recién licenciado que ha conseguido un trabajo en una consultora: 12 horas al día y un salario de 500 euros mensuales. No sé si netos o brutos. Tanto da. Otro caso que me contaban es el de una joven que por un mínimo de ocho horas diarias gana 300 euros al mes. Tienen empleo, sí, pero ¿y futuro? He ahí uno de las variables que hace que se esté desangrando la Seguridad Social.

Dado que la pensión media supera los 1.000 euros mensuales (he dicho media, no la más común), para pagar una prestación se requieren entre tres y cuatro nuevos empleos. Casi nada.

Es verdad que existe también un problema demográfico, pero, con la reforma de mercado de trabajo no se palió esta tendencia sino que se aceleraron sus efectos nocivos. Y ahora, con la hucha de las pensiones con efectivo para un máximo de un año, no quedará otra que tomar medidas: o recortar gastos o aumentar impuestos.

Eso dependerá de las fuerzas políticas que impongan sus tesis. Eso si es que alguna se atreve a afrontar el problema. Y dado que existen dudas de que alguna tome medidas racionales y sostenibles por temor a un castigo electoral, lo mejor sería un pacto. Ya veremos.

Supuestos y presupuestos

Los presupuestos, como el nombre indica, son eso: Unas cantidades que se prevén y que no suelen cumplirse. Los gastos suelen superar en mucho lo que se estimò y los ingresos acostumbran a quedarse cortos ¿Resultado? Déficit y deuda.

Y no lo digo por la Generalitat, que ha presentado este martes los suyos para lo que resta de ejercicio y cuyos ingresos están sujetos en gran medida a la discrecionalidad de los cálculos del Estado al determinar las cantidades que anticipará por los impuestos compartidos, como el IRPF o el IVA; si no como apreciación genérica.

Un ejemplo son las cuentas que dejó aprobadas el PP antes de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Nadie se las creía. Ni siquiera el propio Gobierno, pero las esgrimió como herramienta de estabilidad, seriedad y credibilidad. Nada más lejos de la realidad, como ya adelantó Bruselas y luego confirmaron los hechos. Los ajustes necesarios ya los llevará a cabo a quien le corresponda formar gabinete tras los comicios del 26 de junio, con cuatro años de legislatura por delante, al menos en teoría. Una forma de actuar muy habitual: patada hacia delante y ya veremos.

Y lo digo porque todo el mundo sabe que los presupuestos son cada vez más fieles a su propio nombre y se alejan, por tanto, a pasos agigantados de la seriedad. Una forma de que las autonomías puedan presentar unas cuentas más creíbles sería reformar el sistema de financiación, caducado desde hace dos años. Pero el Gobierno central ha preferido no abrir ese frente y seguir con una fórmula que todo el mundo sabe que no funciona.

En este contexto o bien se opta por decir que no hay quien cuadre los números, incluir ingresos que no se cree ni quien los redacta o elaborar un proyecto que, al menos sobre el papel, cumpla con los criterios establecidos, por ejemplo un déficit del 0,7% del PIB por parte de las autonomías. Es lo que ha hecho el equipo de Oriol Junqueras, el vicepresidente y 'conseller' de Economia de la Generalitat. Y eso en un contexto de crecimiento, pero con desaceleración con respecto al año pasado y complaciendo además a la CUP, que se autodefine como fuerza radical, de izquierdas y antisistema. Lo dicho, un presupuesto.

El déficit y la teoría del convento

Pues resulta que quienes se decían los mayores cumplidores del déficit, el PP, son alumnos poco aplicados o, como mínimo, poco rigurosos. En el 2015, las cuentas públicas registraron un desvío de unos 10.000 millones de euros, el peor desfase de toda la legislatura.

Es una cantidad gigantesca. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo achaca a las autonomías, pero sabe bien que estas era casi imposible que pudieran cumplirlo.

La Administración Central se reservó alrededor del 70% del margen de déficit, como ha hecho en ejercicios anteriores; y dejó a las autonomías, que dedican la mayor parte de sus recursos a la sanidad, educación y gastos sociales; así como a la Seguridad Social y a los ayuntamientos sin apenas capacidad de maniobra.

Así, el Estado, con este sistema, un modelo de financiación autonómica que requiere revisión y que debería haberse reformado en el 2014 e hinchando las previsiones de ingresos a conveniencia, como hizo por ejemplo con las cotizaciones sociales, se garantizaba una buena nota. Y a la vez podía culpar a terceros de los desvíos en las cuentas públicas. "Han sido las autonomías, profesor", podía decir a Bruselas. Aunque sea cierto que las comunidades no pueden considerarse tampoco un modelo de buena gestión, ya conocen el viejo refrán: quién parte y reparte, se lleva la mejor parte.

Pero existe otro elemento destacable: la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Todo el mundo, incluidas las autoridades de Bruselas, afirmaron que la medida, de carácter meramente electoralista, iba a suponer un desvío con respecto al déficit comprometido y significaba una falta de rigor y disciplina que contrastaba con el discurso oficial y público del Gobierno.

El Ejecutivo del PP lo negó e insistió en que la rebaja, que incluso aceleró con respecto al calendario que había previsto por la proximidad de las elecciones generales, y afirmó que, apenas se notaría porque todo ello estimulaba el crecimiento y la recaudación. Pues bien, se ha notado. Y mucho. Por más que Montoro y el Ejecutivo en funciones lo niegue y se esfuerce en culpar a terceros.

Viendo cómo ha acabado la cosa y que realmente estábamos ante la crónica de una muerte anunciada solo se me ocurren dos cosas que justifiquen la manera de proceder del Ejecutivo: o bien el PP estaba seguro de que iba a ganar las elecciones o de que la rebaja fiscal le iba a permitir ganarlas y, por tanto, dejar posibles ajustes para una nueva legislatura con tres o cuatro años por delante; o bien le importaba poco dejar unas cuentas absolutamente descuadradas y necesitadas de nuevos recortes o subidas de impuestos ante la posibilidad de perder los comicios. En resumen y ya que echamos mano de los refranes, el Gobierno aplicó el viejo lema: "para lo que me queda en el convento....". Malo lo uno, peor lo otro e incalificable si en realidad era una combinación de ambas estrategias.