Los excesos se pagan. Y la construcción está llena de ellos. Basta con mirar alrededor y contar grúas y edificios. En las etapas de bonanzas no vi a ningún constructor ni promotor que pidiera ayuda al Gobierno. Eran todos muy liberales. Es ahora que la piden. Ahora que no venden un piso recuerdan al Estado o, mejor dicho, los impuestos que pagamos entre todos. Mal haría un Gobierno si, con el dinero de todos, ayudara a purgar excesos privados. El Estado tiene la obligación de proteger mediante un seguro a todos aquellos que se queden en el paro y por el que cotizaron cuando tenían empleo. Pero es que el sector del ladrillo gusta de socializar las pédidas, pero no esos ingentes beneficios que se embolsaron a lo largo de varios años. No todos los promotores y constructores están igual de mal. Los hay que supieron evitar la tentación de ganar hasta el último euro y entrevieron que no siempre se podía subir sin límites y tomaron medidas preventivas hasta de que llegar al crisis. Los que piden ayuda son aquellos que emprendieron obras, se endeudaron --con la complicidad de una banca ávida de beneficios-- con el objetivo de exprimir hasta el último céntimo de la etapa de expansión. Yo no digo que se les deje morir, tal vez puede haber fórmulas de que se reconviertan algunas viviendas en pisos protegidos, pero perdiendo el promotor muchas de sus ventajas. Pero de ahí a que el Estado aporte recursos para que algunos no tengan que acudir al concurso de acreedores, hay un enorme trecho. El sector, lo dijo el vicepresidente económico, Pedro Solbes, requiere una buena purga. O ¿a caso no la sufre una familia que ha abusado del endeudamiento para llevar una vida a un ritmo elevado?
