Es cierto que el decreto publicado por el BOE al menos denota cierto afán por actuar pero sin provocar apenas un arañazo a la banca. Ni siquiera se manejan cifras exactas sobre el problema. Que si 4.000, que si 15.000. Sea la que sea no son solo números. Detrás de cada guarismo hay personas, sentimientos, vidas, ilusiones, decepciones, penas, glorias o dramas ante los cuales solo movimientos cívicos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los jueces o los sindicatos de policías han actuado hasta ahora. Recordemos por ejemplo al juez de Barcelona Josep Maria Fernández Seijo, que ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) una consulta sobre la legalidad de la ley hipotecaria española, que puede poner patas arriba esta normativa que ya se ha cobrado tantas víctimas. Suerte estamos teniendo de la capacidad de actuación de diferentes colectivos a los que las ejecuciones hipotecarias salpican de una u otra forma y que han optado por no seguir impasibles.
¿Y los políticos? Ya era hora de que se movieran quienes, en teoría, tienen que defender los intereses de la mayoría. El maremoto podría haberlos arrollado si es que no lo ha hecho ya en parte. Pero lo que han hecho en caliente, acuciados por dar la imagen de que se preocupan y todavía con las prioridades partidistas y partidarias como guía. La incapacidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE es el máximo exponente de ese absurdo. Por ahora, soluciones cortas, muy tuteladas por la banca y con una efectividad escasa.
Y, mientras, la incertidumbre y la angustia persiste para cientos de familias. Como ha dicho el juez Fernández Seijo, se ha puesto una tirita para contener una gigantesca hemorragia con salida de sangre a borbotones. No parece la solución más adecuada para evitar el desangramiento. Por eso los equipos jurídicos de la PAH, a la que ni el PP ni el PSOE han tenido en cuenta en sus negociaciones pese a sus cuatro años de lucha, han redactado un escrito para solicitar la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que están en los tribunales. Lo presentarán el lunes en los juzgados de diferentes ciudades a través de las distintas plataformas que hay en el país. Lo primero es frenar la incertidumbre y la angustia y lo segundo, buscar soluciones legales sin la presión de las ejecuciones hipotecarias diarias. Menos tirita y más tratamiento de choque, aunque tenga efectos secundarios para la banca, al menos para aquella que ha recibido fondos públicos.
