
El sector solar fotovoltaico
está que trina, como lo refleja la reacción de la patronal ASIF.
La nueva regulación aprobada hoy por el Gobierno reduce hasta en un 45% las primas que reciben. El mazazo, que trata de situar en niveles más asumibles algo que no era normal desde un inicio y que propiciaba la especulación meramente financiera, es una clara muestra de la política de bandazos que se lleva a cabo con las energías renovables. Es cierto que los más de 6.000 millones de euros en primas del año pasado no son de recibo. O mejor dicho, sí que lo son porque las pagamos todos los ciudadanos a través del recibo de la luz. Pero no ha habido una estrategia estable, una apuesta clara para elaborar un marco legal que proporcione seguridad y estabilidad. Sin estos requisitos será difícil que España se mantenga como potencia en este sector. ASIF asegura que el mercado fotovoltaico se reducirá a la mitad. Acabar con la especulación --que la hubo-- y los abusos --que los hubo--, sí; pero no de cualquier forma. La pregunta no es solo para el Gobierno, también para la oposición del PP: ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo en materias que son esenciales y estratégicas para el país como un pacto energético?