Un pacto para repartir la factura de la crisis

Se ha hablado mucho en los últimos tiempos sobre la necesidad de un gran pacto social para salir de la crisis. Cada parte lo ve a su modo: algunos patronos reclaman un despido más barato, los sindicatos, que no recaiga la carga del ajuste solo en los trabajadores y se niegan a tocar los sueldos. Actualmente los expertos hablan de la necesidad de un gran pacto de rentas. Eso no es más que un acuerdo para repartirse los costes de la crisis, es decir, para adaptar el conjunto del país al empobrecimiento que ha sufrido. Y eso no solo significa recortar o moderar salarios, sino también dividendos y otras rentas del capital. Eso es un auténtico reparto. Y eso, sin duda, es lo que habría que hacer para que todo el mundo tenga la impresión de que la factura de la crisis no recaerá solo en una de las partes. Este es un juego del que deben participar los trabajadores, mediante fórmulas de moderación salarial o de vinculación de la retribución a la productividad; los patronos, mediante la congelación o recorte de los beneficios que se reparten y unas políticas laborales con mayor visión a largo plazo y las Administraciones, dando ejemplo de austeridad y, entre otras cosas, de que pagan puntualmente a sus proveedores. Ahí es nada.

La carga del déficit

En algún momento lo tendrá que reconocer algún político. El ingente esfuerzo de estímulos fiscales realizado por los distintos gobiernos ha incrementado los déficits y la deudas públicas. Solo hay dos formas de resolver estas cuestiones: reducir gastos o aumentar ingresos. Lo primero supone pasar las tijeras por algunos servicios, algunos de ellos considerados esenciales, como los de carácter social. Lo segundo significa aumentar los impuestos. Ciertamente, los responsables públicos no tenían mucho más que hacer que lo que han hecho hasta la fecha. No podían asistir pasivos a la debacle financiera y económica mayor de los últimos 80 años. Pero las facturas hay que pagarlas. Eso hay que explicarlo. La carga del déficit no puede incrementarse indefinidamente. Y los políticos lo saben, en especial los de las principales economías del mundo, que ya deben mucho más de lo que sus países producen en un año. Ese es el frente con el que tendrán que lidiar cuando amaine la crisis y cuando los famosos brotes verdes empiecen a tener forma de planta o de otro elemento vivo. Los políticos lo saben muy bien. Otra cosa es que lo digan...

Que se haga la luz sobre la reforma eléctrica

Vaya tensión. Es de esperar que el ministerio de Industria haga algún tipo de campaña en breve para aclarar lo que pasará con la luz a partir del próiximo 1 de julio, día de entrada en vigor de la liberalización total del sector eléctrico. A tenor de las cartas que están mandando las eléctricas --a instancias del ministerio y con un texto propuesto por este mismo-- lo único que reina es el desconcierto. En realidad, los cambios más profundos afectan solo a los clientes con una potencia contratada superior a 10 kilowatios (KW), que deben pasar a contratar la electricidad en el mercado si no quieren que el recibo les suba el 5% cada trimestre. El resto de usuarios, que son la mayoría de los más de 23 millones existentes, no tienen esa presión. Lo que sí es cierto es que es muy difícil decidir si uno prefiere contratar en el mercado o quedar sujeto a la nueva tarifa de último recurso --el nuevo nombre que a partir de julio tendrá la tarifa fijada por el Gobierno-- A día de hoy todavía se desconoce el importe de las unas y las otras. Además de cambiar normas, el trabajo del Gobierno ha de ser también aclararlas, si esta provocan confusión. Esperemos que así lo haga.