Impuestos, ricos y pobres

¿Es rica una persona que ingresa más de 120.000 euros al año? Creo poder afirmar con rotundidad que no es pobre, aunque ¿se le puede considerar rico? El Gobierno está convencido de haber hallado un filón en ese nivel de rentas, pero no por su cantidad (apenas son el 0,8% de todos los contribuyentes y suman la décima parte de la recaudación total), si no en términos de imagen. Porque, no nos engañemos, ese es el objetivo: El Gobierno socialista también hace pagar su parte de factura para superar la crisis a quienes más ganan. Y lo anuncia además apenas unos días antes de la huelga general del 29-S. Además la factura de este colectivo podrá llegar incluso al 51%, por ejemplo en Catalunya. Pero ¿son esos los ricos? Me temo que no, que los ricos de verdad no los encontraremos en el IRPF. Tienen mecanismos más que suficientes en el sistema fiscal legal para no estar o incluso para reservar tranquilamente su dinero en otros países. La idea que que pague más quien más tiene (progresividad) es tan antigua como el impuesto sobre la renta, como también lo es la costumbre de que quienes más tienen busquen vías para aligerar su carga tributaria. Y eso no cambiará de la noche a la mañana. No sé si esta medida prevista por el Gobierno provocará una pérdida o fuga de talentos como advierte en un informe el BBVA al hacer la coparación con la tributación en otros países vecinos; pero seguro que no permitirá eliminar el déficit público, el paro y otros males que nos afectan. La puedo entender como guiño a la mayoría y herramienta de marketing para tratar de demostrar que cada palo aguanta su vela para salir de la crisis. Pero, de ser así, ¿no hubiera sido mejor y más comprensible haber tomado esta decisión ya hace meses, como hicieron otros países como el Reino Unido, y también hacerlo antes de subir el IVA, un impuesto que castiga más esencialmente a quienes menos tienen? Como afirma el catadrático Guillem López Casasnovas, es una política fiscal de "más de lo mismo", de perseguir más a quien ya declara que a quien no lo hace. Porque los cierto es que sería mucho más justo, democrático y social incidir en el recorte de gastos superfluos y accesorios, aumentar la eficiencia en la gestión de dinero de los contribuyentes y redoblar los esfuerzos en combatir el gran fraude.